Entender cuáles son los derechos de nuestras hijas e hijos, asumiendo que los contextos educativos son espacios protegidos para ellos, es importante para evitar experiencias dolorosas innecesarias en su proceso formativo. Pero también es urgente saber cuáles son las implicancias que determinados actos, de ellos o de su entorno, pueden provocar daños a un tercero.
Para poder ir mirando esto con altura de miras y que nos permita estar preparados, por ejemplo frente a conductas que podrían ser constitutivas de delitos penales o infracciones al reglamento interno en la esfera de la sexualidad (ver protocolo completo), es que tuvimos la visita de Patricio Aguirre y Marcela Le Roy, ambos abogados miembro de Formativa Chile, una consultora especialista en temas de convivencia y de aplicación de protocolos en comunidades escolares.
La idea fue profundizar el protocolo ya existente con el fin de estar atentos a lo que pueda estar sucediendo con nuestros hijos e hijas, pues la primera obligación del colegio será siempre proteger a los estudiantes sean estos considerados víctimas como también a quienes se consideren agresores, esto último a pesar de que a veces no se logre comprender bien.
Según explicaron los profesionales, es el establecimiento educacional quien debe en todo momento resguardar al interior del colegio con contención y cuidado de alumnas y alumnos. Al establecerse una denuncia el protocolo debe activarlo el director a la brevedad y encargar la investigación externa (denuncia en instituciones competentes), para procurar al interior confidencialidad y reserva con el fin de garantizar el “derecho a la buena fama y la presunción de inocencia” que son figuras establecidas por el derecho.
También nuestras y nuestros estudiantes podrán revisar estos protocolos y otros temas que buscan como primer y gran objetivo el prevenir cualquier clase de dificultad de convivencia que les afecte.
